El Consell de Alicante ha incorporado en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para este año y el próximo 2015, una deducción del 10% para aquellos propietarios de viviendas que acometan obras de reforma y rehabilitación en sus casas, bien en el interior, o en el propio edificio. La medida afecta a los contribuyentes con ingresos declarados de 23.000 euros en el caso de las declaraciones individuales y de 37.000 en las conjuntas.
La iniciativa pretende, consolidar al sector de la rehabilitación como generador de empleo. El plan
entró en vigor el pasado 1 de enero y los beneficiarios podrán desgravarse el 10% del coste del proyecto con un máximo de 4.500 €.
El proyecto autonómico, en principio para los dos próximos años, palía los recortes que ha realizado el Gobierno central, que en 2013 eliminó esta desgravación.
La falta de nuevos proyectos para la construcción de viviendas nuevas, pese que el año pasado se iniciaron dos mil, por las dificultades para obtener financiación –algunos promotores tampoco los
piden para sacarse de encima el stock de producto si vender–; las cientos de casas que siguen sin venderse, pese a que la situación ha mejorado por la falta de obra nueva y la demanda extranjera,
y la necesidad de adaptar miles de pisos a la nueva legislación urbanística, hacen que la rehabilitación de viviendas se haya convertido en un sector refugio para los constructores.
Según un informe de la Conselleria de Infraestructuras, sólo en la provincia de Alicante se calcula que habría que modernizar 32.000 viviendas en los dos próximos años, lo que puede generar una
inversión de 250 millones de euros.
Coste medio
Los técnicos estiman que el coste medio de la rehabilitación de una vivienda alcanza los 10.400 euros por piso. Las principales actuaciones son la reforma de cocinas y baños, que supone un 73% de
total; la adecuación de ventanas y puertas, el 38%; pavimentos un 29%, y las instalaciones en las casas el 24%. La inversión directa total estimada en elementos privativos es 166,4 millones de
euros al año.
El apoyo a la rehabilitación contrasta con el hachazo que la Generalitat ha dado a la promoción de viviendas protegidas. Durante los próximos 4 años ha eximido a los ayuntamientos de planificar
parcelas para VPO en sus desarrollos urbanísticos, siempre que justifiquen que el porcentaje de pisos sin vender supera el 15% de total previsto en el planeamiento, algo que se cumple en el 90%
de los municipios donde se construye este tipo de viviendas en la Comunidad Valenciana.
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